Trascendió de manera extraoficial en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California que se autorizó la suspensión provisional de cualquier trámite relativo a los 143 permisos aprobados por el Cabildo el 20 de Abril pasado para taxis.

Con esto, se da por hecho que el Tribunal a petición de agrupaciones de taxistas inconformes con la citada aprobación de permisos para transporte pública, inició la revisión de todo lo relativo al procedimiento de autorización en la sesión correspondiente realizada por el Cabildo que preside Antonio Macías Garay.

Igualmente, esta suspensión del Tribunal citado, obliga a que ni la Dirección de Tránsito ni la Recaudación de Rentas del Estado deben realizar trámite alguno para la expedición de los permisos ni algún otro movimiento que implique el uso de los permisos.

Debe recordarse que tras de que el 20 de abril en sesión de Cabildo quedaron autorizadas 143 solicitudes para permisos de taxi, en la que no se leyeron los nombres de todos los presuntos peticionarios, sino sólo se llegó a mencionar que se pedía, y obtuvo, la dispensa de lectura del dictamen 001/05 de la Comisión de Tránsito y Transporte.

Tras ello, choferes afiliados a grupos inconformes expusieron públicamente su inconformidad ante el regidor perredista Sergio Brown Higuera, quien les respondió que él no sabía nada al respecto, que nunca firmó documento alguno y menos dio su aprobación a la cantidad citada de permisos para taxi.

Por ello, procedió a demandar ante la Secretaría del Ayuntamiento de la que es responsable el licenciado Ignacio garcía Dworak, la presentación fiel del documento presuntamente firmado por él y que le expusieran la grabación de lo tratado en esa sesión de Cabildo del 20 de Abril.

Al ver la documentación firmada por los regidores sobre el mencionado dictamen, Brown Higuera decidió exponer una denuncia pública en la siguiente sesión de Cabildo ante el Presidente Municipal Antonio Macías Garay y el Síndico Juan Gabriel Esquivel Fierro por uso ilegal de su firma, exigiendo al Síndico el esclarecimiento del caso “porque esto es un delito y usted como abogado lo sabe”.

Sobre esto, Brown Higuera a confiado a ECOS que pese a tener el ofrecimiento del Síndico de que se atendería su caso, no ha habido ninguna respuesta ni cita para analizarlo, aunque Brown Higuera está consciente de que en el “inter” de esa etapa ocurrió el asesinato del director de policía, Carlos Bowser, y eso estuvo deteniendo algunas actividades del Ayuntamiento.

Y de acuerdo a antecedentes en este mismo de situaciones legales en las que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha dado su fallo provisional, los análisis de procedencia o improcedencia de “actos reclamados” llevan cuando menos dos años y medio, lo que traducido en tiempo permite prever que será después de la conclusión del presente Ayuntamiento cuando haya una resolución final, bien sea para que queden debidamente aprobados los 143 permisos o bien se declare la ilegalidad del procedimiento de ediles.

Aparte de que es sabido que un Juzgado de Distrito estudia o entregó ya una resolución de amparo para los mismos taxistas inconformes, así que todo quedará “congelado”.