La dirección general de Zona Federal Marítima Terrestre, inició procedimientos jurídicos para retirar concesiones y desalojar a ocupantes irregulares de playas en Rosarito, como parte de un programa que se lleva a cabo a nivel nacional para el desarrollo y saneamiento de las costas mexicanas.

Las acciones incluyen también una investigación sobre operaciones irregulares de autoridades municipales, que se han prestado a una serie de hechos que presumiblemente han causado un importante daño patrimonial al gobierno municipal y federal, fundamentalmente a partir de la condonación de recargos y descuentos no autorizados por el gobierno federal, a concesionarios de la zona federal Marítimo Terrestre.

De comprobarse estas irregularidades, el gobierno municipal de Playas de Rosarito podría ser sancionado, y se pondrían en riesgo los acuerdos de colaboración para la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre, de acuerdo a fuentes consultadas por Ecos de Rosarito, que alertaron sobre la preocupación que existe en la dirección general de Zona Federal Marítimo Terrestre, por esta clase de operaciones no autorizadas por el gobierno federal.

Preocupante pérdida de soberanía: Semarnat

De acuerdo a un diagnóstico de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el gobierno mexicano está perdiendo soberanía en sus playas, luego de que casi un 80 por ciento de sus costas, se encuentra inmerso en una serie de conflictos por posesiones irregulares, e incluso operaciones fraudulentas, en una compleja red de intereses y complicidades, que involucra a “coyotes”, “pseudolíderes sociales”, e incluso autoridades, lo que ha tenido como resultado un subaprovechamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental de las playas.

Las Costas de Baja California en general, y en particular las Playas de Rosarito, no están exentas de esos conflictos, pues a lo largo de sus alrededor de 60 kilómetros de playa, desde sus colindancias al Norte con Tijuana, y hacia el sur con Ensenada, se multiplican las posesiones irregulares, conflictos jurídicos entre posesionarios, y el “coyotaje” que durante años, ha sido factor que ha frenado importantes inversiones en áreas costeras que si bien pudieran ser una fuente importante para el turismo no han podido desarrollarse.

Demasiados problemas, pocos recursos.

Recuperar la soberanía e impulsar el desarrollo de las playas de Rosarito, no es una tarea sencilla, y requiere necesariamente la colaboración de todas las autoridades que tienen relación con los diversos proyectos de Saneamiento, principalmente Semarnat, Profepa, la Zona Federal Marítimo Terrestre, y ahora los gobiernos municipales y el estado, a la luz de los recientes convenios para la descentralización de la administración de playas.

Así lo reconoce el delegado de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Rosarito, Ricardo Molina Villarreal, quien establece que se trata sobre todo de un asunto de recursos.

Establece que la dependencia a su cargo proyecta invertir cerca de cinco millones de pesos en proyectos de saneamiento y limpieza de playas, así como en la elaboración de un censo que permita identificar quiénes son y en qué situación se encuentran los concesionarios de nuestras playas.

Actualmente tenemos una idea general de lo que ocurre, pero no tenemos un diagnóstico más preciso de todos los conflictos y de que clase son éstos.

Influyentismo y la Cultura del No Pago

De acuerdo a datos proporcionados por la Recaudación de Rentas del gobierno municipal de Playas de Rosarito, se tiene registrado un padrón de 558 concesionarios de la zona federal marítimo terrestre.

De este padrón general, solamente 301 se encuentran al corriente, mientras que 257, casi un 50 % de los concesionarios registrados, son considerados deudores morosos.

Quienes están al corriente de sus pagos, son fundamentalmente los titulares de concesiones residenciales no lucrativas, y hoteles particularmente.

Pero entre los que no pagan, se encuentran personas que presumen de algún grado de influencia política, grupos y pseudo líderes sociales, personas que se dedican al “coyotaje”, e incluso dependencias del gobierno federal como la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo a funcionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre, es en esta parte en donde se encuentra fundamentalmente el problema, pues la moratoria o negativa de pago de derechos se da por distintas razones, por influyentismo y complicidad con autoridades, pero también por el “coyotaje” de pseudolíderes y pseudoempresarios que se mantienen posesionados de importantes áreas de costa, pero que no cumplen con el pago de derechos, ni mucho menos permiten el desarrollo de esas áreas.

Otro de los problemas es el subregistro, pues muchas de las posesiones, ni siquiera se encuentran dadas de altas en el padrón de ZOFEMAT.

En otros casos, quienes aparecen registrados ya murieron, sus empresas tronaron y se fueron, hicieron algún arreglo con otra persona y se quedaron en posesión de la concesión, pero no reconocen ningún adeudo, establece Ricardo Molina, delegado de la ZOFEMAT en Rosarito.

Cacería de influyentes

Los influyentes son en principio, un asunto que ya está siendo investigado directamente por la Dirección Federal Marítimo Terrestre, que inició procedimientos de embargo y liquidación de concesiones a un total de 19 deudores morosos, todos ellos con deudas entre los 500 mil pesos, y el millón y millón y medio de pesos.

El caso más extremo, lo representa la concesión otorgada a un promotor de eventos en la playa, quien luego de más de 10 años de concesión, nunca ha pagado los derechos respectivos, y adeuda a la fecha, más de 2 millones de pesos a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Se niega a cubrir el adeudo al gobierno federal, bajo el argumento de que le dieron una playa contaminada por las aguas negras que desembocaban en el arroyo Huahuatay, y que llevó al gobierno estatal a realizar una importante inversión para su saneamiento.

Pero si al señor no le sirvió la concesión en todos estos años, porque simplemente no la dejó o canceló...........O por qué simplemente no la cancela ahora.

En todos estos años, esa zona, no ha sido posible aprovecharla, ni por él ni por nadie.

De acuerdo a fuentes del gobierno federal, estos casos se multiplican por todo el país causando un grave daño para el desarrollo de las costas.

“Personas como esa, es el típico Coyote que se dedica como se dice en el argot, a apartar áreas con un importante potencial. Solicita y obtiene la concesión, pero nunca la paga, recurre a todo tipo de artimañas legales para evitar que se le quite la concesión, mientras negocia con terceros.

Los coyotes –es el caso antes mencionado—nunca tienen bienes a su nombre, por lo que las autoridades no los pueden embargar.

Finalmente cuando realizan su negocio, el coyote declina la concesión a cambio de importantes cantidades de dinero, y con esa información, aparece el solicitante nuevo”.

Ventas fraudulentas de inmuebles en zona federal

Otro de los casos típicos es el de la firma inmobiliaria TERSA, propiedad de Carlos Terán del Río, que administra una de las más importantes desarrolladoras de residencias y bungalows de Rosarito, denominada Quintas del Mar.

En casos como este, el concesionario tiene incluso una serie de litigios por diversas operaciones poco claras.

La Zona Federal Marítimo Terrestre, ha intentado el embargo de bienes, pero hay otros terceros perjudicados, que también han iniciado procedimientos de embargo.

Adicionalmente, se detectaron posibles ventas fraudulentas de bungalows construídos en la zona federal marítimo terrestre.

Por ser las costas patrimonio de la nación, no son sujetos de venta a particulares, por lo que se establece el tipo de acciones fraudulentas.

Este tipo de operaciones, venta de playas a particulares, es un engaño que también se multiplica no solamente en Rosarito, sino en todo el país.

Otro ejemplo ilustrativo de los problemas que existen en las playas de Rosarito, lo representan las dependencias del gobierno federal que no solamente no cubren los derechos, amparados durante años en cierto grado de “fuero”.

El caso concreto es la Comisión Federal de Electricidad, que recientemente estableció un convenio de pago con el gobierno municipal.

Pero otro de los casos, es la dirección Federal de Bienes Inmuebles Asegurados, que desde hace varios años, mantiene la posesión de inmuebles como el complejo turístico Oasis.

La PGR no ha pagado nada desde que se adjudicó estos bienes hace más de cinco años. Mucho menos ha reconocido adeudos de sus anteriores propietarios.

La dirección general de la Zona Federal Marítimo Terrestre, inició los procedimientos y litigios correspondientes para recuperar estas concesiones, hace aproximadamente cuatro meses, y “los concesionarios sostienen sus casos, apenas con alfileres”, establece Ricardo Molina, para quien, pronto serán recuperadas estas áreas.

Añade el funcionario que sin embargo, la tarea es gigantesca, pues se requerirá iniciar un padrón desde cero, para comenzar a regularizar las concesiones en las playas.

Esta tarea, apenas empieza.

En riesgo convenios de administración

Otro de los asuntos que preocupan a la dirección general de la Zona Federal Marítimo Terrestre, es un posible daño patrimonial originado por acuerdos irregulares con algunos concesionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre, que presuntamente han sido favorecidos con descuentos irregulares en adeudos de concesionarios.

El caso salió a la luz pública, durante una sesión de cabildo el pasado 18 de mayo, en donde el alcalde Antonio Macías Garay, presentó una iniciativa al Cabildo para condonar aproximadamente un millón de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, por concepto de recargos, bajo el argumento de que a su vez, el gobierno municipal sería beneficiado con la quita de cargos por mora en adeudos ante la paraestatal.

Según consta en el acta de la sesión de ese día, varios regidores, concretamente el regidor Mario Gárate Macías, advirtió sobre la carencia de facultades del gobierno municipal para condonar recargos provenientes de un derecho del gobierno federal.

El alcalde impuso su línea, bajo el argumento de que “el anexo uno del convenio de colaboración entre el gobierno municipal y el federal, le permite estas facultades”.

Ecos de Rosarito, consultó a varias fuentes, incluso de la propia dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre, que indicaron que este documento de colaboración, le otorga al gobierno municipal, únicamente facultades de Recaudación, de ninguna manera se le otorgan atribuciones para recaudar ingresos, y proveer que estos sean destinados para el mejoramiento de las playas.

La Zona Federal Marítimo Terrestre y las propias instancias competentes, como el Congreso, tendrán en su momento que auditar estas operaciones y establecer las sanciones que procedan en caso de encontrarse irregularidades, establecen las fuentes consultadas.

No obstante, Ecos de Rosarito, intentó confirmar con autoridades municipales en qué fundaron su razonamiento para condonar recargos a la Comisión Federal de Electricidad, pero no recibió respuesta ni por parte de la Tesorería Municipal, ni por parte de la secretaría general del Ayuntamiento.

Según las fuentes consultadas, de comprobarse irregularidades, estarían en riesgo los convenios firmados por el gobierno municipal y la Zona Federal Marítimo Terrestre, entre las consecuencias más importantes.